La Administración General del Estado anunció a finales de 2008 que, dado que estamos en tiempos de crisis, se iba a apretar el cinturón y, en base a ello, reduciría drásticamente la Oferta de Empleo Público para 2009. Dicho y hecho. El último Consejo de Ministros de febrero aprobó una OEP totalmente restrictiva en el número de plazas a ofrecer a los casi cuatro millones de parados que tiene este país. En una lectura superficial, podemos entender que el Estado prima la reducción del gasto público frente a un esfuerzo en la reducción del desempleo. Yendo más lejos, incluso podemos colegir que el Estado da ejemplo a la sociedad apretándose el cinturón en tiempos de crisis generalizada, ganando así dos batallas: la del ahorro y la de la imagen pública. Este comentario surgió en Logos 21, donde nos dedicamos a la preparación de oposiciones y no nos mantenemos al margen de estas decisiones de altura. Varios profesores y alumnos de Logos 21 lo comentábamos y, enseguida, llegamos a una conclusión: craso error.
Basta tener un conocimiento general de los costes de recursos humanos para poder rebatir este argumento. Simplemente bastaría con analizar los costes de Seguridad Social que corren a cargo de la Administración, obviando los que recaen en el empleado público, para comprobar que el argumento del ahorro no se sostiene. Dejemos de lado la parte retributiva dado que, desde la entrada en vigor del Estatuto Básico, las retribuciones del funcionario interino son las mismas que las del funcionario de carrera siempre que ocupen puestos similares.
Tomemos como ejemplo un puesto de trabajo base del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, destinado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante o en Comisaría o en Seguridad Social, entre otros. Bien, se trata de un puesto de trabajo clasificado como grupo C2, con nivel 15 y complemento específico de 4.260 euros. Si ese puesto de trabajo lo ocupa un funcionario de carrera, el coste de Seguridad Social que le corresponde a la Administración es de 930 euros al año. En cambio, si el puesto está vacante y se cubre mediante el nombramiento de un funcionario interino, el coste de la Seguridad Social a cargo de la Administración asciende a unos 6.520 euros anuales. Haciendo cuentas se puede ver claro que de ahorro nada, sino que se genera un sobrecoste de 5.600 euros, y se trata de un puesto base y solo uno.
Por lo tanto, si seguimos fijándonos en la Oferta de Empleo Público para el Cuerpo Auxiliar de la Administración General del Estado, podemos deducir que si se hubieran convocado las algo más de 2.100 plazas vacantes, en lugar de las 633 convocadas, el ahorro hubiera sido de más de 8 millones de euros. Dicho de otro modo que duele más: el Estado se gasta 8 millones de euros más de lo que necesitaría para que una parte de sus servicios siguiera funcionando de la misma manera que lo hace actualmente. ¡Y estamos hablando de una convocatoria! Si añadiéramos el resto de plazas vacantes que no se han incorporado a la Oferta de Empleo, el dinero no ahorrado o el coste añadido, según lo queramos ver, es mucho mayor.
Entonces, ¿Por qué hace esto el Gobierno? Todos sabemos, por crisis similares, que cuando cae el empleo los gobiernos tiran de obra pública y empleo público. La primera medida ya se tomó, destinando una cantidad ingente de euros a distribuir por todos los municipios españoles para fomentar las obras públicas en su ámbito. Pero la segunda medida no solo no llega, sino que cuando lo hace viene con tremendos recortes.
El grupito de “analistas” amateurs de Logos 21 llegamos pronto a una segunda conclusión: El Gobierno actúa exclusivamente por imagen, para no verse atacado desde posturas demagógicas fácilmente previsibles en la oposición parlamentaria. Pero esa imagen ahorradora del Gobierno, en el fondo, tiene un coste muy alto. En dinero, tal como hemos resuelto párrafos atrás, un coste importante en estos momentos que, además, podría dedicarse a otras partidas presupuestarias con fines más sociales. Pero también un elevado coste en empleo, en expectativas laborales de ciudadanos que ven que, por un lado, son despedidos del mercado laboral y, por otro, se les cierran las puertas que dan acceso a un puesto de trabajo en el sector público, unas puertas que estaban inmensamente más abiertas cuando no les eran necesarias. Y estamos hablando de personas. Personas que llevan tiempo dedicando muchas horas y esfuerzos a la preparación de una oposición en la que habían depositado sus esperanzas de estabilidad laboral, sacrificando familia, amigos, etc.
Los analistas de Logos 21 terminamos nuestro debate frustrados al ver que nuestros políticos valoran más su imagen que el poner granitos de arena para dirigir el país hacia el final del negro túnel de la crisis. ¡Decepcionante!
En primer lugar mis felicitaciones por la idea del blog. Se echaba en falta un espacio similar para aquellos que no tenemos acceso a los foros.
Y en segundo lugar también mis felicitaciones a los finos analistas. El dato sobre los costes de Seguridad Social de los interinos es determinante. El calificativo de “decepcionante” a la actuación del gobierno en este tema solo puede entenderse desde una visión de la cosa pública que os honra, pero también denota una cierta ingenuidad. Hablando claro, ¿Qué esperabais? En este sistema, que algunos llaman “el manos malo de los posibles”, la prioridad de cualquier gobernante es el mantenimiento en el poder y para ello su imagen es primordial. Lo que es doloroso es ver la miopía de gente que parece no ver más allá del corto plazo en la utilización de instrumentos que podrían ser tan útiles para afrontar la que se nos ha venido encima. A tenor de las proyecciones electorales que les llegan de Europa no parece que les vaya a servir de mucho.
Pero todo esto de la política y la macroeconomía está muy bien, y fijo que todos aquellos que piensan en el empleo público por primera vez deben saber cómo cuecen las habas en este mismo momento (leo además en la prensa y en determinados foros que la avalancha de solicitudes en convocatorias ya realizadas ó en proyecto puede ser de proporciones bíblicas). Sin embargo, creo que algo positivo habría que decirle al personal. Seguid analizando y estrujándoos el magín y a ver si encontráis algún aspecto positivo. ¡Para que luego digan del optimismo de las academias de preparación de oposiciones!
Por ejemplo. ¿De qué manera afectaría la situación actual a todas aquellas personas que ya han participado en convocatorias y se encuentran en las bolsas surgidas de las mismas? Puedo estar equivocado, y pido disculpas de antemano por mi ignorancia, pero una cosa es ofertar empleo público y dotarlo para que se convoquen determinadas plazas de funcionario, y otra cosa son las necesidades reales de los distintos organismos y administraciones. Vamos que a mí me podrán meter en una ERE de esas en mi empresa y reducirme el sueldo pero mis niños van a seguir creciendo y necesitando ropa de una talla más,…mi problema será apañarme. Una de las cosas que he aprendido claramente con el pasado concurso-oposición de la UMH es que el quid de la cuestión para todos aquellos que se presentan por el turno libre son los méritos y la puerta para conseguirlos parecen ser las bolsas. Y ahí va mi pregunta…¿si no se convocan oposiciones al ritmo que se solía, puede llegar eso a significar una vida más larga para las bolsas activas y por lo tanto una mayor posibilidad de ir ganando méritos mediante interinidades o similares? Eso contando con que realmente sean “activas”. Pero esa es otra cuestión.
El Estado sigue necesitando el mismo número de efectivos porque tiene que prestar los mismos servicios que prestaba. O más, dado que algunos servicios incrementan el número de usuarios. Y, una de dos, o teníamos más empleados públicos de los necesarios, o ahora vamos a dar peor servicio que antes. Y los servicios hay que prestarlos de la mejor manera posible o serán los ciudadanos los que te lo exijan, con lo que el daño a la imagen del gobernante se producirá desde la base de la sociedad. Es decir, el gobernante ha de buscar un equilibrio que, en el caso que nos ocupa del empleo público, estará en convocar menos ahora para aparentar seriedad y apretón de cinturón frente a la crisis, y convocar muchas más plazas en años sucesivos, cuando se atisbe un final del túnel y estén cerca las elecciones. En lo tocante al Estado, cuya oferta de empleo era la que analizábamos en Logos 21, hay elecciones generales en 2012 (si no se adelantan, claro), por lo que, entre otras cosas, se prevé un incremento de la oferta de empleo para el año 2010 y 2011. Y ahí puede radicar nuestro optimismo: lo que sembremos ahora servirá para procesos del futuro inmediato.
Pero la pregunta que dejas tú en el aire, el hecho de que se aumente el tiempo entre oposición y oposición (cosa que no hace el Estado, sino otros organismos como la Universidad o la Generalitat) genera un mayor tiempo de funcionamiento de las bolsas de trabajo, tiene fácil respuesta: obviamente. Y esto conlleva que quienes fueron nombrados funcionarios para ocupar una vacante puedan estar más tiempo en ese nombramiento. Y esto, a su vez, les permite generar más puntos para futuros procesos selectivos con forma de concurso-oposición (cosa que tampoco hace el Estado, aunque sí la Universidad y la Generalitat). Así ocurrirá si no hacemos cumplir el Estatuto Básico del Empleado Público, en vigor desde 2007, que exige la inclusión en la Oferta de Empleo anual de todas las vacantes ocupadas por funcionarios interinos en la oferta del año de su nombramiento o, como muy tarde, al siguiente. Ese mecanismo impide la acumulación del empleo público temporal en pocas manos y, sobre todo, evita la acumulación de puntos en esas mismas manos.
Pero quizás el problema tiene otra solución, que yo dejo en el aire: ¿Es necesario que en los procesos selectivos para el acceso a puestos genéricos se valore la experiencia? ¿De verdad es un mérito? ¿Y tan valorable que pueda llegar a condicionar el resultado de un proceso selectivo?