La Administración General del Estado anunció a finales de 2008 que, dado que estamos en tiempos de crisis, se iba a apretar el cinturón y, en base a ello, reduciría drásticamente la Oferta de Empleo Público para 2009. Dicho y hecho. El último Consejo de Ministros de febrero aprobó una OEP totalmente restrictiva en el número de plazas a ofrecer a los casi cuatro millones de parados que tiene este país. En una lectura superficial, podemos entender que el Estado prima la reducción del gasto público frente a un esfuerzo en la reducción del desempleo. Yendo más lejos, incluso podemos colegir que el Estado da ejemplo a la sociedad apretándose el cinturón en tiempos de crisis generalizada, ganando así dos batallas: la del ahorro y la de la imagen pública. Este comentario surgió en Logos 21, donde nos dedicamos a la preparación de oposiciones y no nos mantenemos al margen de estas decisiones de altura. Varios profesores y alumnos de Logos 21 lo comentábamos y, enseguida, llegamos a una conclusión: craso error.
Basta tener un conocimiento general de los costes de recursos humanos para poder rebatir este argumento. Simplemente bastaría con analizar los costes de Seguridad Social que corren a cargo de la Administración, obviando los que recaen en el empleado público, para comprobar que el argumento del ahorro no se sostiene. Dejemos de lado la parte retributiva dado que, desde la entrada en vigor del Estatuto Básico, las retribuciones del funcionario interino son las mismas que las del funcionario de carrera siempre que ocupen puestos similares.
Tomemos como ejemplo un puesto de trabajo base del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, destinado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante o en Comisaría o en Seguridad Social, entre otros. Bien, se trata de un puesto de trabajo clasificado como grupo C2, con nivel 15 y complemento específico de 4.260 euros. Si ese puesto de trabajo lo ocupa un funcionario de carrera, el coste de Seguridad Social que le corresponde a la Administración es de 930 euros al año. En cambio, si el puesto está vacante y se cubre mediante el nombramiento de un funcionario interino, el coste de la Seguridad Social a cargo de la Administración asciende a unos 6.520 euros anuales. Haciendo cuentas se puede ver claro que de ahorro nada, sino que se genera un sobrecoste de 5.600 euros, y se trata de un puesto base y solo uno.
Por lo tanto, si seguimos fijándonos en la Oferta de Empleo Público para el Cuerpo Auxiliar de la Administración General del Estado, podemos deducir que si se hubieran convocado las algo más de 2.100 plazas vacantes, en lugar de las 633 convocadas, el ahorro hubiera sido de más de 8 millones de euros. Dicho de otro modo que duele más: el Estado se gasta 8 millones de euros más de lo que necesitaría para que una parte de sus servicios siguiera funcionando de la misma manera que lo hace actualmente. ¡Y estamos hablando de una convocatoria! Si añadiéramos el resto de plazas vacantes que no se han incorporado a la Oferta de Empleo, el dinero no ahorrado o el coste añadido, según lo queramos ver, es mucho mayor.
Entonces, ¿Por qué hace esto el Gobierno? Todos sabemos, por crisis similares, que cuando cae el empleo los gobiernos tiran de obra pública y empleo público. La primera medida ya se tomó, destinando una cantidad ingente de euros a distribuir por todos los municipios españoles para fomentar las obras públicas en su ámbito. Pero la segunda medida no solo no llega, sino que cuando lo hace viene con tremendos recortes.
El grupito de “analistas” amateurs de Logos 21 llegamos pronto a una segunda conclusión: El Gobierno actúa exclusivamente por imagen, para no verse atacado desde posturas demagógicas fácilmente previsibles en la oposición parlamentaria. Pero esa imagen ahorradora del Gobierno, en el fondo, tiene un coste muy alto. En dinero, tal como hemos resuelto párrafos atrás, un coste importante en estos momentos que, además, podría dedicarse a otras partidas presupuestarias con fines más sociales. Pero también un elevado coste en empleo, en expectativas laborales de ciudadanos que ven que, por un lado, son despedidos del mercado laboral y, por otro, se les cierran las puertas que dan acceso a un puesto de trabajo en el sector público, unas puertas que estaban inmensamente más abiertas cuando no les eran necesarias. Y estamos hablando de personas. Personas que llevan tiempo dedicando muchas horas y esfuerzos a la preparación de una oposición en la que habían depositado sus esperanzas de estabilidad laboral, sacrificando familia, amigos, etc.
Los analistas de Logos 21 terminamos nuestro debate frustrados al ver que nuestros políticos valoran más su imagen que el poner granitos de arena para dirigir el país hacia el final del negro túnel de la crisis. ¡Decepcionante!